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El pago de demoras en la devolución de contenedores es uno de los mayores dolores de cabeza de los importadores, puesto que, puede generar sobrecostos a sus operaciones. Sin embargo, existe duda sobre si la demora se debe pagar cuando es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (“Dian”) la que la causa, con la imposición de una medida cautelar como lo es la aprehensión de la mercancía.
Algunos importadores, agentes de carga y agencias de aduanas, sostienen que no se genera obligación de pago ante una medida cautelar, esta tesis resulta atractiva, pero no encuentra respaldo en el régimen aduanero vigente ni en las reglas generales de las obligaciones. Toda vez que, por regla general, la aprehensión o el decomiso de la carga no extinguen ni suspenden la obligación contractual de devolver el contenedor y de pagar las demoras pactadas.
1. Se trata de relaciones jurídicas distintas
Las demoras son cargos derivados de una relación privada entre el transportador y su cliente por el uso del contenedor más allá del tiempo libre pactado. Su fuente está en el conocimiento de embarque (B/L), en el contrato de comodato o en el acuerdo de uso de equipo. Las medidas cautelares establecidas en la Ley 2586 de 2026 son medidas derecho público que recae sobre la mercancía objeto de importación. Se trata, por tanto, de vínculos con causas y sujetos diferentes: lo que ocurra con la situación jurídica aduanera de la carga no modifica, por sí solo, lo pactado sobre el equipo.
· Como regla general el contenedor no queda aprehendido
La Ley 2586 de 2026, zanja buena parte de la discusión, puesto que, el parágrafo 2 de su artículo 7 dispone que las medidas cautelares de aprehensión, suspensión de la operación, inmovilización, inmovilización en el control previo, retención temporal para verificación y custodia de la mercancía "no involucrarán el contenedor ni el medio transporte, excepto por el tiempo estrictamente necesario para conducir las mercancías hasta el recinto de almacenamiento", salvo que la medida recaiga expresamente también sobre el contenedor como mercancía.
La misma norma agrega que, llevada la mercancía a depósito o asegurado su control y conservación, "se ordenará la devolución del contenedor dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de las mismas por parte del recinto de almacenamiento", plazo que solo puede prorrogarse una vez y por el mismo término, mediante acto motivado.
La consecuencia es clara. El legislador no concibió la aprehensión como un obstáculo para devolver el contenedor; al contrario, impuso a la autoridad el deber de liberarlo con rapidez. Si la ley ordena vaciar y devolver la unidad, no es razonable sostener que la medida cautelar convierte en imposible esa devolución durante todo el proceso de decomiso.
· La obligación de la autoridad aduanera de devolver el contenedor
Del mismo parágrafo 2 del artículo 7 de la Ley 2586 de 2026 se desprende una obligación a cargo de la administración. Primero, llevar la mercancía a un depósito. Segundo, la devolución del contendor se debe ordenar dentro de los cinco días siguientes al recibo de la mercancía por parte del depósito. Tercero, el anterior término solo podrá ser prorrogado por única vez. Fuera de ese marco, la retención del contenedor carece de sustento legal, salvo que la medida cautelar recaiga también sobre él en los eventos expresamente previstos en la ley.
Si bien la norma no señala a quien se le debe devolver el contenedor, el destinatario natural es quien tiene derecho a recibir la unidad de carga, esto es, el transportador, propietario, arrendataria del equipo, y el sujeto obligado a impartir la orden es la autoridad aduanera que adoptó la medida. Así lo confirma el parágrafo 4 del mismo artículo, que atribuye a la Dian el desarrollo de los aspectos operativos de la aplicación y del levantamiento de las medidas cautelares.
Esta obligación es de la administración frente a la cadena logística y no modifica el contrato entre el usuario y el transportador. Su incumplimiento tiene, por tanto, dos consecuencias posibles. Frente al transportador, el usuario sigue en principio obligado a pagar las demoras, aunque el retardo imputable a la autoridad podría, según las circunstancias y lo pactado, alegarse como hecho de un tercero.
Frente al Estado, el usuario que haya pagado demoras causadas exclusivamente por la tardanza de la autoridad en ordenar la devolución podría intentar su recuperación mediante el medio de control de reparación directa, siempre que acredite el daño, la falla y el nexo causal. Por ello resulta esencial dejar constancia de la fecha de recibo de la mercancía en el recinto, de la solicitud de devolución y de la fecha en que efectivamente se ordenó.
· Bodegajes no es lo mismo que demoras
Otro error frecuente consiste en confundir los costos de almacenamiento de la mercancía aprehendida con las demoras del equipo. Durante la aprehensión, la guarda de la mercancía está a cargo del recinto de almacenamiento contratado por la Dian, y el régimen de bodegajes se rige por los artículos 732 y 734 del Decreto 1165 de 2019, a los que remite el artículo 7 de la Ley 2586. Esa regla se refiere a la custodia de la carga frente al depósito y no traslada a la autoridad las demoras del contenedor, que siguen siendo un asunto entre el usuario y la naviera. Incluso, en caso de decomiso y destrucción, el artículo 28 de la ley atribuye los gastos al titular de la mercancía.
2. ¿Fuerza mayor por acto de autoridad?
En la práctica, algunos importadores señalan que de acuerdo con el artículo 64 del Código Civil, la medida cautelar que ejecuta la Dian es un acto de autoridad y en consecuencia las demoras que se generen producto de esta situación no le pueden ser atribuirles a los importadores. Pero el acto de autoridad solo exonera si es imprevisible, irresistible y ajeno al deudor, y si hace imposible cumplir, no simplemente más costoso.
La aprehensión rara vez supera ese examen. Las causales del artículo 26 de la Ley 2586 pueden ser atribuibles al importador, su agencia de aduanas, o situaciones operativas que estan bajo el control de un tercero que no es la propia autoridad aduanera.
El parágrafo 2 del artículo 7 de la Ley 2586 incide, además, en la distribución del riesgo. Como la ley excluye el contenedor de la aprehensión y ordena devolverlo en un plazo breve, la medida no impide al importador restituir el equipo y, por tanto, no es irresistible. El riesgo de que el contenedor no regrese a tiempo sigue siendo del usuario, que, por el deber de ejecutar los contratos de buena fe, debiendo gestionar su devolución: pedir el vaciado a la autoridad y al recinto, vigilar el plazo legal y mantener informada al transportador.
Esta obligación no se deriva de la Ley 2586, sino del contrato con el transportador. Solo si el usuario prueba que fue diligente y que el retraso se debió exclusivamente a la autoridad podrá trasladar el riesgo, y únicamente por el periodo posterior al vencimiento del plazo legal. Adicionalmente, si el tiempo libre ya había vencido al momento de la aprehensión, la defensa es aún más débil, pues el deudor en mora responde incluso del caso fortuito.
3. Recomendaciones prácticas
Para los importadores, que asumen el riesgo de la devolución tardía, la clave es la diligencia: solicitar por escrito a la Dian y al recinto el vaciado y la devolución del contenedor tan pronto se aprehenda la carga, invocando el parágrafo 2 del artículo 7 de la Ley 2586, informar a la naviera y conservar las actas, fechas y comunicaciones. Para los transportadores y sus agentes, conviene revisar las cláusulas de demoras y documentar la puesta a disposición de puntos de devolución. Para ambos, revisar el contrato de cada operación es indispensable antes de fijar una posición.
Así pues, la interacción entre la Ley 2586 de 2026 y la normativa comercial conduce a una conclusión equilibrada: la aprehensión y el decomiso afectan la mercancía y su nacionalización, pero no suspenden la obligación de devolver el contenedor ni de pagar las demoras pactadas. La regulación aduanera, lejos de amparar la retención del equipo, ordena su pronta devolución. Solo cuando el contenedor es objeto de la medida, cuando la autoridad excede los plazos legales o cuando el contrato así lo prevé, cabe discutir una exoneración, y aun entonces la carga de probar la causa extraña recaerá sobre quien la alega.