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La Ley 2365 de 2024 establece un marco legal para prevenir y combatir el acoso sexual en el ámbito laboral y educativo.
¿Qué se entiende por acoso sexual?
El acoso sexual se define como actos de persecución, hostigamiento o asedio de carácter sexual que surgen en relaciones de poder, ya sean verticales u horizontales. Este comportamiento puede presentarse en el ámbito laboral y educativo, influenciado por factores como edad, género, orientación e identidad sexual, y posición social o económica.
¿En qué contextos aplica?
Lugar de trabajo: Incluye espacios digitales, como el teletrabajo.
Lugares de descanso y aseo.
Desplazamientos y eventos laborales.
Comunicaciones laborales: Incluyendo las digitales y otras tecnologías.
Trayectos al trabajo: Entre el hogar y el trabajo, si el acoso es por alguien del entorno laboral.
Alojamiento proporcionado por el empleador: Cuando el acoso es cometido por alguien del contexto laboral.
¿Cuáles son las principales obligaciones de los empleadores?
Crear una política interna de prevención visible en reglamentos y contratos.
Garantizar derechos de las víctimas y establecer mecanismos de prevención.
Implementar medidas de protección inmediata.
Informar sobre el derecho a acudir a la Fiscalía General de la Nación.
Remitir quejas a la autoridad competente, respetando la intimidad de la víctima.
No censurar a las víctimas ni revictimizar.
Publicar semestralmente quejas y sanciones.
¿Qué medidas se establecen para garantizar la estabilidad laboral de las víctimas?
La ley asegura que la o las personas que denuncien no pueden ser despedidas en los seis meses posteriores a la queja. Si son despedidas, la terminación es nula, a menos que haya autorización del Ministerio de Trabajo o sanciones previas. Después de seis meses, si se despide a la víctima y se alega relación con la queja, el empleador debe demostrar lo contrario.
¿Qué mecanismos de queja se establecen?
Cualquier persona puede presentar una queja ante el empleador, ya sea del sector público o privado, a través de mecanismos electrónicos, físicos o verbales, sin que esto sea un requisito previo para interponer una denuncia penal.