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En 2020 se anticipó el inicio de la “década de la infraestructura”, destacando que en 2019 el sector de infraestructura y servicios aportó 10,7% en el crecimiento del PIB. No obstante, la parálisis generada por el covid-19 afectó el desarrollo de actividades e inversiones previstas para el sector, que en 2020 registró casi 1.000 proyectos suspendidos.
Frente a esta situación, tanto el sector público como el sector privado han hecho hincapié en el papel que jugará la infraestructura como mecanismo para la reactivación económica, por lo que en 2020 se formularon nuevas políticas y planes con el fin de fortalecer el contexto institucional del país y crear un mejor clima de inversiones en el cual se consoliden las oportunidades que el sector tiene para ofrecer.
¿Qué políticas fueron formuladas?
Entre otras, se encuentra el Conpes 4010 a través del cual se declaró la importancia estratégica del Programa Vías Para la Legalidad y la Reactivación con el fin de promover la generación de empleo y la reducción de costos en el sector transporte como medidas tendientes a la reactivación económica. En ejecución de esta política se espera que en marzo el Invias adjudique 18 proyectos en 16 departamentos, lo cual será complementado con otros tres proyectos a adjudicar en octubre de 2021.
Adicionalmente, se formularon las políticas de movilidad urbana y regional, de riesgo contractual en proyectos aeroportuarios, los lineamientos para valorización en infraestructura, el Plan Maestro Ferroviario y está en discusión la política para proyectos 5G en esquema APP. Además, a través de los Conpes 4003, 4017 y 4018 se declaró la importancia de proyectos de transporte urbano en Medellín (Metro de La 80), Ibagué (Setp) y Cali (tramo 3 del Sitm), respectivamente.
También se formuló la política de economía circular para servicios de agua potable y manejo de aguas residuales, se declaró de importancia estratégica el saneamiento de vertimientos en cuencas priorizadas del país, y se estableció la política Colombia potencia bioceánica sostenible que busca, entre otras cosas, el desarrollo de los municipios costeros del país.
Por otro lado, en octubre se adoptó el Plan de Abastecimiento de Gas Natural que prevé ocho proyectos, dos de los cuales ya cuentan con un proceso de selección en curso: la planta de regasificación del Pacífico y el gasoducto Buenaventura-Yumbo. Además, el mes pasado se publicó el Plan Energético Nacional - que incluye la promoción del hidrógeno verde para la búsqueda de combustibles más sostenibles -, y se abrió el proceso de selección para el proyecto de almacenamiento de energía con baterías en el Atlántico.
Lo anterior, en línea con la transición energética del país, que en 2020, según el WEF, se convirtió en el país de América Latina con mayores avances en este aspecto, mediado por las reformas que se han hecho al sector para ampliar el servicio y diversificar la matriz energética.
Este entorno de fortalecimiento del marco institucional y de las políticas públicas del país promoverán un mejor clima para inversiones y negocios en el sector desde este año, en donde se espera el diseño y la ejecución de proyectos de mediano y largo plazo que coadyuven a la tan necesaria reactivación del país.