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Mientras la contratación pública convencional recorre su camino de estudios previos, pliegos, evaluaciones y adjudicaciones, las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto siguen esperando un techo, un acueducto, un aula de clases. El Decreto Legislativo 1389 del 9 de septiembre de 2026 ofrece al sector privado colombiano algo poco frecuente: un canal directo para convertir impuestos en obras concretas en las zonas devastadas por el sismo, sin los tiempos típicos de la contratación estatal.
Obras por impuestos no nació con este terremoto. Es un mecanismo tributario consolidado que permite a los contribuyentes del impuesto sobre la renta destinar parte de su carga fiscal a la ejecución directa de proyectos de interés público, ya sea mediante un convenio con entidades del orden nacional o a través de una fiducia con destinación exclusiva. Los números hablan por sí solos: la Agencia de Renovación del Territorio (ART) estima que entre 2018 y diciembre de 2025 el mecanismo habría canalizado más de $4,1 billones a través de 527 proyectos.
Lo que hace especial al Decreto 1389 es que abre la cancha completa. Obras por impuestos ya financiaba un abanico amplio de sectores —agua potable, energía, salud, educación, vías, bienes rurales, gestión del riesgo, tecnología, infraestructura deportiva, cultural y vivienda de interés social rural—. Ahora, el decreto incorpora todo lo que una zona sísmica necesita y, lo mejor, los municipios afectados son elegibles, aunque no estén clasificados como Zomac ni Pdet, lo que multiplica los proyectos disponibles.
¿Qué significa esto en la práctica?
Que una empresa puede alinearse con el banco de proyectos priorizados por el Gobierno y financiar desde la reconstrucción de un hospital hasta la reparación de una red de acueducto o la recuperación de un tramo vial crítico. Todo, utilizando los recursos para el pago del impuesto sobre la renta. Además, varios contribuyentes pueden unir esfuerzos en torno a un mismo proyecto: un hospital o una planta de tratamiento de agua pueden superar la capacidad fiscal de una sola empresa, pero no la de varias actuando coordinadamente. La única restricción lógica: los proyectos deben ser de inversión pública y no pueden destinarse a reconstruir activos del propio contribuyente.
La gran ventaja no es saltarse los controles, sino cambiar la lógica de ejecución. En la opción fiducia, el contribuyente constituye un patrimonio autónomo irrevocable y deposita allí la totalidad de los recursos con destinación exclusiva al proyecto. La contratación de constructores, proveedores e interventores se rige por derecho privado mediante licitación privada abierta. El resultado: tiempos más cortos que en contratación estatal. Eso sí, el Estado no responde directa, solidaria ni subsidiariamente por incumplimientos entre el contribuyente y sus contratistas. La velocidad viene acompañada de responsabilidad plena del sector privado.
Obras por impuestos es, probablemente, el canal más directo que tiene hoy Colombia para que el sector privado convierta obligaciones tributarias en infraestructura real donde más se necesita. La pregunta no es si vale la pena participar —los números y la urgencia hablan solos—, sino si se está dispuesto a hacerlo con la seriedad técnica, jurídica y financiera que una obra pública exige, sin perjuicio de los retos financieros y de asunción de riesgos que ello implica. La reconstrucción merece rapidez, pero sobre todo merece profesionalismo, como el sector productivo de este país sabe hacerlo.