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La denominación de origen del tequila constituye uno de los instrumentos más relevantes de protección de la propiedad industrial mexicana, al garantizar que esta bebida mantenga una vinculación jurídica con su territorio, sus materias primas y sus procesos de elaboración. Sin embargo, su regulación enfrenta un nuevo escenario jurídico relacionado con la exclusividad de los organismos encargados de certificar su autenticidad.
La controversia trasciende la protección del producto y alcanza aspectos fundamentales como la seguridad jurídica, la competencia económica y las facultades de las autoridades encargadas de supervisar esta industria.
El 4 de junio de 2026, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el amparo en revisión 389/2023, promovido por el Consejo Regulador del Tequila (CRT). La sentencia estableció, a partir de la interpretación del numeral 4.31 de la NOM-006-SCFI-2012, que solamente puede existir un organismo de evaluación de la conformidad para certificar el cumplimiento de dicha norma, mientras subsista la autorización correspondiente.
Este criterio fue retomado por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía mediante el oficio DGN. 191.01.2026.2522, del 29 de octubre de 2026, en el que determinó que no procede emitir nuevas acreditaciones y aprobaciones para esa actividad mientras el CRT continúe operando como organismo de certificación de productos.
Desde la perspectiva de la propiedad industrial, esta resolución adquiere especial relevancia porque la denominación de origen no constituye un derecho exclusivo de una empresa, sino una figura de protección colectiva cuya titularidad corresponde al Estado mexicano, conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Su finalidad consiste en preservar las características, reputación y autenticidad de productos vinculados con un territorio determinado. En consecuencia, debe distinguirse entre la exclusividad derivada de la protección de la denominación de origen y la exclusividad administrativa para certificar el cumplimiento de una norma oficial mexicana, pues ambas responden a fundamentos y finalidades jurídicas diferentes.
La concentración de las funciones de certificación en un solo organismo puede contribuir a la uniformidad de criterios técnicos, la trazabilidad del producto y la prevención de falsificaciones, factores indispensables para mantener la confianza de los consumidores nacionales e internacionales. No obstante, también exige mecanismos efectivos de transparencia, supervisión y rendición de cuentas que impidan que dicha exclusividad se traduzca en barreras injustificadas para los productores.
Desde esta perspectiva, resulta fundamental garantizar que los procedimientos de certificación se desarrollen bajo condiciones objetivas, proporcionales y no discriminatorias, especialmente frente a pequeños y medianos productores que buscan participar en mercados altamente competitivos.
El aspecto más significativo de esta resolución radica en que el propio Tribunal delimitó sus efectos al caso específico del tequila, sin establecer una regla general de exclusividad aplicable a todas las denominaciones de origen mexicanas. Esta precisión resulta particularmente importante para industrias como el mezcal, cuya estructura productiva y mecanismos de certificación presentan características distintas.