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El pasado mes de agosto, la Organización Internacional de Normalización, (ISO por sus siglas en inglés), expidió una nueva norma técnica sobre lenguaje claro aplicado a la comunicación jurídica (ISO 24495-2:2025. Plain language. Part 2: Legal communication). Se trata de una ampliación de la norma técnica sobre lenguaje claro, a través de la cual se entregan guías para lograr que diferentes audiencias puedan entender el lenguaje jurídico y ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones.
¿Cuáles son los principales términos y definiciones que incorpora?
Este documento define “lenguaje jurídico claro” como la comunicación jurídica en la que la redacción, la estructura y el diseño son tan comprensibles que los destinatarios previstos puedan fácilmente encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran y utilizar esa información. Asimismo, establece que “comunicación jurídica” es la transmisión o intercambio de información en forma de documento jurídico o de información sobre asuntos legales.
A su turno, el “término jurídico técnico” es la palabra o expresión que tiene un significado específico cuando se usa en un documento jurídico y que puede diferir de su significado común. Finalmente, se destaca la incorporación del “diseño legal” (legal design), o la aplicación de principios y métodos de diseño para crear productos y servicios legales más centrados en las personas.
¿Qué objetivos persigue esta norma?
El documento establece cuatro objetivos que se esperan obtener con la aplicación de los principios del lenguaje claro: (i) alcanzar el mayor número de audiencias con diferentes necesidades; (ii) cumplir con los requisitos estructurales y de diseño exigidos por la ley; (iii) explicar conceptos legales complejos o con matices; (iv) explicar los procesos que las personas deben seguir para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones legales. En consecuencia, la norma sostiene que la implementación del lenguaje claro permite que la información jurídica compleja pueda expresarse de manera clara, eficaz y precisa y hacerla accesible tanto para los profesionales del derecho como para los lectores no expertos.
¿A quién van dirigidos estos nuevos estándares?
Esta norma fue diseñada para los documentos jurídicos que se expidan en todos los sectores, incluidos el legal, gubernamental, no gubernamental y de salud. Aunque está dirigida para las comunicaciones escritas, advierte que también se puede usar para las orales, en eventos como conversaciones con clientes y explicaciones en procesos judiciales.
¿Qué beneficios puede generar el uso del lenguaje claro?
La norma afirma que una información legal comprensible hace posible que, tanto los individuos como las organizaciones puedan ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. Así, sostiene, una comunicación jurídica apropiada genera reducción de costos, mayor eficiencia y mejora la eficacia y el cumplimiento y también fortalece la confianza, disminuye la litigiosidad y permite una digitalización y traducción más sencillas.
¿Lenguaje claro y sencillo son equivalentes?
Aunque a veces se usan estas dos expresiones indistintamente, hay razones para distinguirlas. El lenguaje claro, como ya se mencionó, es uno de fácil comprensión que, si bien pretende alcanzar al mayor número de audiencias con necesidades diferenciales, puede dejar por fuera algunas que requieren ajustes especiales adicionales. El lenguaje sencillo, por su parte, tiene como destinatarios a las personas con discapacidad cognitiva como la intelectual, quienes requieren el acceso a la información en formatos de fácil lectura y comprensión (easy-to-read). Lo anterior implica llevar a cabo adecuaciones particulares tales como el tipo y tamaño de las letras, la extensión y orden de las frases, la selección y uso de las palabras (Inclusion Europe, 2016) y el empleo de pictogramas, entre otras.
Los estándares de lenguaje claro no suplen necesariamente los del lenguaje sencillo y, por tanto, no garantizan para las personas en condición de discapacidad cognitiva el derecho a la accesibilidad previsto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (art. 9). En Colombia, bajo las normas sobre transparencia y acceso a la información pública y la ley sobre capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad, se ha contemplado el deber de usar el lenguaje sencillo (art. 8 Ley 1712 de 2014 y art. 3.8 Ley 1996 de 2019).
Un ejemplo de aplicación del lenguaje sencillo se encuentra en fallos de la Corte Constitucional en los que se ha ordenado la “traducción” de las sentencias en formatos de fácil comprensión para personas con discapacidad intelectual (A-173/14, T-573/16, T-410/21, T-357/23 y T-133/25).
¿Cómo va Colombia con la aplicación del lenguaje claro y sencillo en el contexto jurídico?
Colombia cuenta con regulaciones específicas y obligatorias para la implementación del lenguaje claro y sencillo en el sector público. Este marco jurídico tiene su origen en el Documento Conpes 3785 de 2013 que contempló la estrategia de lenguaje claro y comprensible en la información pública para los ciudadanos y encuentra su desarrollo normativo en la Ley 1712 de 2014 sobre transparencia y acceso a la información pública, implementada por diferentes entidades estatales.
El sector justicia se destaca por el desarrollo de iniciativas para el uso de lenguaje claro y por la expedición de fallos en formatos accesibles para personas con capacidades diversas. El uso de infografías, recursos audiovisuales, sentencias con versiones específicas para personas en condición de discapacidad cognitiva y la transcripción de un fallo reciente en lengua de señas colombiana (T-286/25), son ejemplos de ello. Adicionalmente, la Corte Constitucional ha venido desarrollando una línea jurisprudencial del lenguaje claro como parte del derecho al debido proceso (T-311/24).
La organización internacional Plain Language, en su sitio web, incluyó en el listado de recursos, la Guía de Lenguaje Claro para Servidores Públicos creada por el Departamento Nacional de Planeación (2015). También es importante mencionar a la Red de Lenguaje Claro Colombia, una alianza creada desde el 2018 y conformada por entidades del sector público, privado y la academia, cuyo fin es generar iniciativas y proyectos que promuevan el uso del lenguaje claro al interior de las entidades públicas.
A nivel sectorial, sobresale la guía de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre lenguaje claro para productores, proveedores y operadores de comunicaciones (2023). Su objetivo principal es asegurar que la comunicación con los consumidores sea comprensible y clara.
Para los particulares no hay normas específicas obligatorias para el uso del lenguaje claro y sencillo, salvo cuando presten servicios públicos. Respecto a las personas en condición de discapacidad, el empleo de este tipo de lenguajes hace parte del deber de llevar a cabo ajustes razonables y de brindar apoyos o asistencias para la comunicación (art. 3 Ley 1996 de 2019). Siguiendo a la Corte Constitucional, los particulares deberán usar tales formas de comunicación para garantizar el derecho al debido proceso, como ocurre en los casos de aplicación de sanciones derivadas de las relaciones contractuales comerciales y laborales (T-425/22 y T-453/24).
La adopción del lenguaje sencillo en el sector privado es útil para el desarrollo de programas de inclusión, que pueden constituir una concreción de los estándares internacionales de ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza), cada vez más relevantes para las empresas.
¿Qué se puede hacer para incentivar la adopción del leguaje jurídico claro y sencillo en Colombia?
El uso del lenguaje claro es un camino para transformar la comunicación jurídica, lo cual tiene un impacto directo en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de las personas y de las organizaciones. Esta nueva norma técnica de la ISO es una guía para lograr ese propósito, entre otras muchas que existen a nivel nacional e internacional.
Colombia tiene el reto de incentivar el uso del lenguaje sencillo, entre otras razones, por los costos que puede implicar, razón que no exime al Estado ni a los particulares del cumplimiento del deber de garantizar el derecho a la accesibilidad de las personas en condición de discapacidad cognitiva.
La adopción del lenguaje claro y sencillo en la comunicación jurídica implica una transformación cultural de todos los actores en ella involucrados. Además del Estado, la comunidad jurídica y la académica están llamadas a liderar este proceso. Para estos fines, resulta deseable desarrollar las siguientes actividades:
1. Difundir las reglas, estándares y buenas prácticas sobre el lenguaje claro y sencillo.
2. Facilitar la participación de las minorías étnicas, culturales y las personas en condición de discapacidad en la implementación de las reglas sobre lenguaje claro y sencillo.
3. Promover la adopción de esta forma de comunicación jurídica en el sector privado y en la comunidad en general.
4. Promover el uso de metodologías como el legal design en el diseño de servicios legales y la construcción de documentos jurídicos.
5. Incentivar el desarrollo y/o uso de herramientas basadas en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, para generar formas de comunicación jurídica claras y sencillas.