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El procedimiento de registro de marcas en Colombia no es ajeno al derecho administrativo. Luego, debe ser congruente con sus principios generales, como el debido proceso, la congruencia, la eficacia y la celeridad.
Aunque la Decisión 486 regula sus principales etapas, no se pronuncia sobre los recursos contra la decisión que concede o niega el registro, aspecto que se rige por la norma interna en virtud del principio de complemento indispensable (art. 276 de la Decisión 486; 137-IP-2012). Así lo reconoce la Circular Única de la SIC, que en materia de registros internacionales remite a los medios de impugnación "establecidos en las normas vigentes".
Una práctica de la Delegatura para la Propiedad Industrial desconoce estos principios. Cuando el solicitante apela la negación de la Dirección de Signos Distintivos, la Delegatura puede acoger sus argumentos y revocar, pero en lugar de conceder la marca, devuelve el expediente a la Dirección para que se "complete" el examen de registrabilidad.
Así ocurrió con la marca KRILL (expediente SD2025/0126616), un registro internacional que designó a Colombia. Al resolver la apelación, la Delegatura aceptó la limitación de productos y descartó la conexión competitiva con el único antecedente citado.
Desvirtuada la única causal de irregistrabilidad invocada, lo consecuente era conceder. Sin embargo, la Delegatura revocó y devolvió el expediente aduciendo el deber de realizar un examen oficioso e integral “sin distinguir la etapa en la que se encuentra el trámite administrativo”, sin señalar omisión concreta alguna.
En la práctica, el apelante cuyo recurso prospera ve frustrada su expectativa y vuelve al punto de partida, quedando expuesto a un nuevo examen, quizá otra negación y, desde luego, otra apelación. Luego, ¿de qué sirve la segunda instancia si su resultado favorable no se traduce en una decisión congruente?
En primer lugar, esta postura riñe con el principio de congruencia. El artículo 80 del Cpaca exige que la decisión resuelva "todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas". Si el apelante pide revocar la negación y conceder el registro, y la Delegatura le da la razón, debe conceder la marca, pues es competente para ello.
El Consejo de Estado y la Corte Constitucional han entendido este principio como una garantía del debido proceso que obliga a la autoridad a “dar respuesta en los términos en que el recurrente formula el recurso, sin que le sea posible decidir más allá o por fuera de lo pedido” (T-033 de 2002).
En segundo lugar, se vulnera el debido proceso. El Consejo de Estado ya anuló actos de la SIC en los que la Delegatura, al resolver una apelación, descartó la causal inicial y negó el registro por una causal diferente que el solicitante no pudo controvertir (sentencia del 23 de junio de 2023, rad. 2013-00155-00, caso PORCELANITE).
Nótese que la devolución permite a la Dirección hacer lo que esa jurisprudencia reprochó, esto es, invocar causales no advertidas inicialmente. Además, la Delegatura excede su competencia al sugerir, sin motivación, que el examen inicial fue incompleto, y omite resolver la petición de conceder el registro. Que el apelante pueda recurrir una eventual negación posterior no convalida esa actuación.
En tercer lugar, se desconocen los principios de eficacia y celeridad. La SIC invoca el artículo 41 del Cpaca, que permite corregir irregularidades "en cualquier momento anterior a la expedición del acto", cuando aquí el acto ya fue expedido y recurrido. A su vez, el principio de eficacia ordena evitar decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos (artículo 3, numeral 11, Cpaca), justamente lo que produce la devolución.
Por último, esta práctica genera inseguridad jurídica a solicitantes nacionales y extranjeros, que se ven expuestos a obstáculos no advertidos inicialmente. En los registros internacionales el problema es mayor, pues una nueva denegación podría desbordar el plazo de 18 meses que Colombia declaró para notificar denegaciones provisionales bajo el Protocolo de Madrid.
Con todo, considero que la integralidad del examen (artículo 150 de la Decisión 486) no puede ser pretexto para un examen indefinido ni para advertir nuevas causales en sede de apelación, directa o indirectamente. Esta práctica vulnera el debido proceso, la congruencia y la seguridad jurídica, y desconoce los efectos del recurso de apelación. Hago un llamado a los nuevos funcionarios de la Delegatura para que corrijan esta postura.