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En la coyuntura actual que nos ha dejado el fenómeno de niño, tuvimos que ser llevados al límite para aprender a actuar con cautela y valorar recursos que consideramos como garantizados en los centros urbanos, el agua y la luz. Creo que este es un momento para reflexionar qué otros recursos que mantienen el funcionamiento de nuestra economía deben ser tratados con cautela y no desperdiciados en medio de afirmaciones sin fundamento en eventos públicos y redes sociales. Uno de esos recursos es la confianza inversionista y el nivel de inversiones que se ejecutan para la reactivación de la economía.
En los últimos días ha existido bastante revuelo en relación con la posible renegociación de los términos de la Línea de Crédito Flexible que fue desembolsada por Colombia en medio de la pandemia. En efecto, varios ex Ministros de Hacienda han presentado diferentes argumentos a porqué esto no es el mejor camino que tomar. En tanto que el gobierno ha señalado que es necesario realizar esta renegociación para efectos de liberar recursos para ejecutar inversión, sin tener muy claro las restricciones de orden legal y presupuestal que pueden existir.
Si bien unos y otros, han presentado sus argumentos es importante que el gobierno actúe con mesura al momento de adoptar decisiones tan relevantes para la economía colombiana, que van más allá del monto y plazo de las cuotas que se deben pagar. Por una parte, es importante que las gestiones que se realicen para llegar a materializar cualquier operación de manejo sobre la deuda con el FMI tengan en cuenta la ya debilitada confianza inversionista.
La Línea del FMI sirvió en un momento de crisis mundial como un ancla de confianza y una señal de estabilidad macroeconómica por su exclusivo acceso, solo los países con mayores niveles de estabilidad macroeconómico pueden acceder a este tipo de financiamiento. Si la renegociación de la deuda no se hace en la mejor manera, pueden ocasionarse dos efectos negativos: (i) no sólo se adquiriría una deuda más costosa porque las tasas a nivel mundial simplemente están más caras, sino también, teniendo en cuenta el tono del último reporte sobre Colombia, puede derivar en obligaciones
adicionales que puede requerir el FMI como acreedor; y (ii) la desaparición de ese efecto ancla que en los últimos dos años parece haberse visto afectado dada la incertidumbre política con la que conviven los empresarios e inversionistas.
Sumado al ejercicio juicioso que debe realizar el Gobierno al momento de realizar una operación de manejo de deuda, también es necesario que se revisen y replanteen la forma en que se usa, o, mejor dicho, en que no se están usando, los recursos de los nuevos créditos y emisiones de los últimos dos años. De acuerdo con el Plan Financiero para el 2024 se esperan tener desembolsos cercanos a los USD 5.500 millones, los cuales se deberán remunerar a una tasa entre 5 y 8%. Sin embargo, desde el año pasado se han visto mínimos históricos de ejecución presupuestal de los programas y proyectos
de inversión, y los que efectivamente se ejecutan no brindan el retorno al crecimiento económico que necesitamos para poder pagar nuestra deuda. Es casi como pagar todos los meses el mercado con la tarjeta de crédito y no hacer ninguna inversión que me permita pagar los intereses.
Así es importante para el gobierno, y particularmente para el Ministro de Hacienda tomar un minuto, dar un paso atrás y ver la película completa antes de llegar al FMI a entregar elmensaje que el Presidente le envió a la Directora del FMI, y verificar que no estemos agotando otro recurso precioso para la economía Colombiana con excusas que pueden no tener la justificación técnica y legal suficiente.