Conozca el proyecto de ley que busca modificaciones en el Estatuto del Consumidor
El fin del plan es ampliar, modernizar y complementar la protección al consumidor de diferentes productos, mediante los canales de venta
11 de octubre de 2024Contenido
Un proyecto de ley que busca modificar el Estatuto del Consumidor empieza su carrera por el Congreso con el fin de ampliar, modernizar y complementar la protección al consumidor de diferentes productos, mediante canales tradicionales de venta o comercio electrónico.
Este proyecto de ley plantea cambios en la equidad territorial, la carga anual equivalente y en la graduación de la multa.
Las principales modificaciones que establece el proyecto de Ley 173 de 2024 son: “los alcaldes tenían la facultad de imponer sanciones sobre la materia de hasta 100 Smlmv, mediante el proyecto de ley este límite fue ampliado para sanciones de hasta 300 Smlmv”, dijo Raúl Vargas, asociado senior de derecho comercial y de la empresa de Brigard Urrutia. Además, se elimina la facultad de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, de asumir de oficio las investigaciones iniciadas por los alcaldes.
Como tercer punto se añade la obligación de informar al consumidor la carga mensual o anual que representa una financiación ofrecida. Se añade un nuevo criterio para la graduación de la multa que se refiere a la existencia de una guía de autorregulación o compliance; se añade la obligación de informar al consumidor como mínimo el índice de reparabilidad de los productos.
Por otro lado, se establece que los pronunciamientos de la SIC deben ser en un lenguaje claro y entendible; se establece la prohibición de realizar perfilamiento que condicione la recepción y atención de PQRs; se amplia la prohibición de ventas atadas sobre operaciones de crédito. Y, por último, impone que cualquier información que, de manera falsa y/o engañosa, difunda condición de no producir daño al medio ambiente y a la calidad de vida, será sancionada
María Clara Calle, asociada de derecho comercial y de la empresa de Brigard Urrutia,agregó que la modificación que más impacto positivo tienen para los consumidores es la obligación de informar al consumidor como mínimo el índice de reparabilidad de los productos y la obligación de informar al usuario la carga mensual o anual que representa una financiación ofrecida por la empresa en cuestión.
Por ejemplo, cada vez que un consumidor pretenda adquirir un producto podrá conocer que tan “reparable” este es y ello tendrá un impacto en la toma de decisión informada de adquirir o no ese producto o si prefiere otro con mayor índice de reparabilidad.