Sin éxito en al menos 13 ocasiones se han intentado regular las actividades de lobby

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Una de las prioridades del presidente electo, Gustavo Petro, es la presentación de una nueva reforma tributaria y, aunque todavía no se conoce un borrador del articulado, su equipo económico, en cabeza del exsecretario distrital de Hacienda Ricardo Bonilla, ha dado alguna puntadas de lo que contendrá, incluyendo una regulación del lobby.

"Lo que siempre ha sucedido con las tributarias es que hay demasiado lobby y en una discusión de esas de presupuesto o una reforma tributaria la sala está llena de gente que nada tiene que ver con el Congreso. Eso se quiere reformar, porque siempre hay un congresista disponible para el lobby y hay que depurar esas prácticas del Legislativo, los congresistas no tienen por qué responderles a los que financiaron sus campañas", dijo en entrevista con El Tiempo.

El cabildeo, según la definición de la RAE, consiste en "hacer gestiones con actividad y maña para ganar voluntades en un cuerpo colegiado o corporación". En política, se entiende como las actividades que realiza una persona para influenciar, de manera lícita, la expedición o modificación de legislación en representación de unos intereses.

"El lobby en sí mismo es completamente legítimo, lo ilegítimo está en cómo se hace. Necesitamos una regulación precisa y transparente sobre el cabildeo, donde los ciudadanos podamos conocer quién lo hace, cómo, para quién y, lo más importante, las relaciones de los lobbistas con las empresas para las que trabajan y las relaciones que se establecen entre esas empresas y quienes son destinatarios finales de ese lobby", dijo el año pasado Carlos Fernando Guerrero, presidente de la Asociación Colombiana de Integridad, Ética y Compliance, a Asuntos Legales.

A pesar de que es legal, esta actividad no cuenta con una regulación específica y es ese vacío es lo que genera inconvenientes, pues impide un seguimiento transparente de las actividades de cabildeo, y en las zonas grises es donde se pueden presentar los casos de corrupción.

En Colombia, se han presentado al Congreso al menos 13 proyectos para regular el lobby desde inicios de este siglo, cuando el entonces senador Germán Vargas Lleras abanderó la iniciativa en tres oportunidades, sin éxito. La idea fue retomada en 2014, por Carlos Fernando Galán y Rodrigo Lara, y más adelante, en 2016, Galán la retomó, con apoyo de congresistas como Angélica Lozano y el entonces senador Iván Duque. En 2018 José David volvió a presentar el proyecto y más recientemente, en 2020, lo volvió a intentar Andrés García Zuccardi.

Todos, en esencia, plantean lo mismo: la creación de un Registro Obligatorio de Actividades de Cabildeo que obligue a los lobbistas a detallar, entre otros, los resultados esperados de su gestión, los beneficiarios de sus actuaciones, las entidades y funcionarios que se visitan, sus fuentes de financiación, contribuciones políticas y potenciales conflictos de interés.

"Mientas no haya plena visibilidad de eso siempre vamos a tener esa concepción negativa del lobby, que existe en todas las sociedades democráticas porque hace parte de la construcción de la sociedad que las personas se puedan acercar a los formuladores de regulación. Lo que está mal es que no se sepa cómo se hace", concluyó Guerrero.