En la práctica, será difícil subir las cotizaciones a pensiones de los salarios más altos

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El Ministerio de Trabajo publicó para comentarios un borrador de decreto que reglamenta la ampliación en el tope de los aportes a pensión, que podría pasar de 25 a 45 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la actualidad, la base de cotización de pensión, que debe ser la misma de salud, no puede ser menor a un salario mínimo ni exceder los 25. Sin embargo, el año pasado el Consejo de Estado le ordenó al Gobierno Nacional emitir la reglamentación para ampliar el tope.

Esto, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 797 de 2003, que estableció que el límite podía aumentar hasta 45, previa reglamentación. La idea detrás de esto es que quienes actualmente aportan sobre 25 no reciben una mesada pensional por ese monto.

“El Gobierno está conminado por el Consejo de Estado a regular las condiciones en las que la base de cotización máxima se incremente a 45 salarios mínimos”, dijo Carlos Hernán Godoy, socio de Godoy Córdoba.

De acuerdo con el documento publicado, la base de cotización se ampliará a máximo 45 salarios mínimos mensuales, siempre y cuando se cumplan dos condiciones: “que el crecimiento real de la economía colombiana sea superior a 4% durante al menos las últimas tres vigencias fiscales; y el gasto fiscal en pensiones sea inferior a dos puntos porcentuales del PIB”.

Eso, en otras palabras, quiere decir que quienes hacen parte de este grupo de trabajadores deberán empezar a hacer aportes sobre su ingreso mensual real, siempre y cuando se cumplan esos dos supuestos macroeconómicos. Ahora, ¿qué tan viable es que se materialicen y, en consecuencia, aumente la base de cotización?

Para Camilo Cuervo, socio de Cuberos Cortés Gutiérrez, altamente improbable, no solo porque “no es tan fácil” tener un crecimiento de 4% por tres vigencias fiscales, sino especialmente por el supuesto de gasto fiscal en pensiones.

“Eso es casi imposible, porque hoy en día es muchísimo más alto. Además, si el Gobierno logra su objetivo de introducir una pensión de subsistencia para los adultos mayores que hoy no están cobijados por el sistema de pensiones, podría costar tres o cuatro puntos del PIB”, por lo que es muy difícil que el gasto estatal en pensiones baje de dos puntos, dijo.

Eso, agregó Godoy, quiere decir que el Gobierno, en la práctica, eligió “un camino que podríamos denominar utópico para cumplir con la conminación del Consejo de Estado, de manera que no se materialice el ajuste por el impacto que podría tener en las cifras de subsidios a las altas pensiones”.

De hecho, en el análisis de impacto que presentó el Ministerio de Hacienda con el Decreto, se señala que el efecto neto de la medida sería “fiscalmente positivo los primeros cuatro años de la proyección y se vuelve deficitario a partir del quinto año. El valor presente del impacto neto es de $3,5 billones en el horizonte hasta 2060”.

Lo anterior, sumado a que sería “altamente regresivo”, por el subsidio que reciben las pensiones altas, y no genera un aumento en la cobertura del sistema pensional. Según Hacienda, con los recursos que se necesitarían para aumentar la base de cotización a 45 salarios mínimos se podría aumentar la cobertura del programa Colombia Mayor en aproximadamente 5.314 cupos el primer año de la proyección. La cifra podría llegar a unos 282.000 cupos adicionales para 2060. “La medida siempre será regresiva dado que beneficiará a los pensionados de más altos ingresos del sistema”, concluye el documento de la cartera.