"La Agencia evitó que el Estado fuera condenado a pagar más de $22,7 billones"

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Desde el pasado 14 de diciembre, se conoció que Paula Robledo Silva asumía como directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), en reemplazo de Martha Lucía Zamora, quien dejó el cargo por las diferencias con Álvaro Leyva en medio del lío por los pasaportes. Ella habló con Asuntos Legales sobre su balance de lo que lleva en el cargo y cómo va la Andje.

La Procuraduría suspendió al Canciller, ¿qué opinión tiene?
Por el cargo que ostento, no puedo pronunciarme sobre el caso concreto que me plantea, porque si en el futuro se presenta un proceso derivado de la decisión, no podría intervenir si resulto recusada. Sin embargo, la misión fundamental de la Agencia es la prevención del daño antijurídico.

En el marco de esta prevención, la potestad sancionatoria de la que está investida la Procuraduría tiene un rol primordial, por cuanto su ejercicio inadecuado puede traer consecuencias adversas para quien se encuentra vinculado a la actuación. Por esta razón, se deben observar integralmente los derechos y las garantías de las y los funcionarios o exfuncionarios investigados.

¿Qué balance hace desde que es directora de la Andje?
Desde hace un poco más de un año, me he desempeñado como directora de Políticas y Estrategias de la Agencia. Conozco de fondo la entidad, sus objetivos, desafíos y fortalezas. De estas últimas, puedo resaltar un equipo de trabajo comprometido y profesional, que se ha caracterizado por entregar resultados de calidad al país. Hasta el momento, mi balance de la entidad es positivo y el objetivo es continuar en un proceso de mejora continua aportando al desarrollo del país.

Desde que fui encargada como Directora General he liderado la formulación de una estrategia que proyecta nuestras acciones hasta el año 2026, alineando la labor de la Agencia con los objetivos tanto del Plan Nacional de Desarrollo como del Gobierno Nacional.

¿Cuáles fueron los procesos más importantes en 2023?
De la intervención procesal de la Agencia resalto la defensa del Estado en las acciones de inconstitucionalidad contra de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, la Reforma Tributaria y la Ley Aprobatoria del Tratado del Acuerdo de Escazú.

También destaco algunos fallos importantes para el país como: en el caso del Club El Nogal el Consejo de Estado profirió sentencia a favor de la Nación y afirmó que las entidades públicas no tuvieron ninguna especie de participación causal en los hechos, siendo un hecho atribuible exclusivamente a las Farc. El resultado de este proceso es fruto de un trabajo coordinado entre la Agencia y las entidades demandadas.

Otro de los fallos más importantes está relacionado con la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías a los docentes afiliados al Fomag, en este caso, el Consejo de Estado profirió una importante sentencia de unificación en la que precisó cuál es el régimen legal aplicable a los docentes.

Este fallo es determinante por que todos los casos activos en vía administrativa y judicial deberán resolverse conforme a esta sentencia de unificación, lo cual impacta de forma positiva aproximadamente 51.068 procesos con pretensiones indexadas por $4.2 billones de pesos.

En resumen, la intervención procesal de la Agencia durante el año 2023 se caracterizó por su efectiva defensa del Estado en casos cruciales, así como por su enfoque proactivo en la promoción de soluciones amistosas a nivel internacional.

¿Cuáles son los más importantes o prioritarios para 2024?
La Agencia tiene una gran apuesta: la prevención del daño antijurídico y el reconocimiento temprano de derechos. El compromiso de este Gobierno es llegar a los territorios olvidados por años en el país.

Sabemos que hay centenares de comunidades apartadas que hoy no cuentan con institucionalidad para afrontar la defensa jurídica y a ellas nos debemos. Más allá de los procesos, debemos transformar la forma en que el Estado gestiona su defensa. Es imperativo que el Estado deje de ejercer una defensa reactiva, no podemos seguir contestando demandas por el solo hecho de defendernos.

Por supuesto, tenemos unos casos que por su relevancia jurídica y socioeconómica hemos identificado como estratégicos para la defensa de los intereses litigiosos de la Nación.

Algunos son: dos procesos en contra del Estado por el accidente de la aeronave de la compañía boliviana Lamia Corporation S.R.L. que transportaba a los jugadores de la Asociación Chapecoense de Fútbol, en el año 2016. En estos casos los familiares de los jugadores, el equipo de futbol y el dueño de la aeronave pretenden el reconocimiento de perjuicios por $75 mil millones aproximadamente.

Uno de los problemas más importantes para el país en materia de defensa jurídica son los relacionados con el tema de infraestructura. En este contexto, seguiremos participando en el Tribunal de Arbitramento convocado por las controversias que se dieron durante la ejecución de la Fase 1 del proyecto Aeropuerto del Café.

Además, esperamos intervenir en el proceso que cursa ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa relacionado con la ejecución del contrato que buscaba la construcción del Museo Nacional de la Memoria de Colombia. En ambos casos la controversia involucra al mismo contratista.

¿Su gestión para este año en qué se centrará?
Queremos que durante el 2024 la Andje haga presencia en los territorios, especialmente en aquellos con las mayores problemáticas. Considero que el trabajo con las entidades territoriales es fundamental para garantizar los derechos de los ciudadanos, promover el reconocimiento temprano de derechos y proteger los recursos públicos.

En un Estado Social de Derecho, el fin principal debe ser siempre proteger los derechos de los ciudadanos. Por ello, la Agencia busca garantizar que las entidades no vulneren los derechos y prevengan a toda costa el daño antijurídico.

Como parte de este plan, se encuentra la toma del Pacífico a través de la cual trabajaremos de manera coordinada con los cinco departamentos de la cuenca del Pacífico, y sus principales municipios para la identificación y sistematización de su litigiosidad, con el fin de proponer alternativas para la conciliación temprana de derechos, así como el diseño e implementación de estrategias de prevención del daño antijurídico.

¿La salida de Martha Lucía Zamora se ha sentido en el ambiente de los funcionarios allí?
Las funciones de la entidad están definidas en la ley y son independientes de sus directivos. Si bien cada director o directora se enfoca en algunos objetivos y prioridades, los míos no pueden ser ajenos a la normativa y a las políticas del Gobierno. Desde el inicio de mi carrera, siempre he tenido como principio que las instituciones superan a las personas.

¿Cómo asumirán el tema de la demanda que se avecina de Thomas Greg por pasaportes?
La demanda será asumida con la misma diligencia que ha caracterizado la intervención de la Agencia en cada uno de los procesos que tienen mayor impacto a nivel nacional e internacional. Estoy convencida de que una defensa estratégica es la clave del éxito para afrontar cualquier litigio. Debo precisar que la demanda se radicó un día antes de iniciar la vacancia, pero aún no ha sido admitida.

La posición de la Agencia por los pasaportes, ¿cuál es y en qué basarán su defensa?
Desde la Agencia hemos hecho un estudio minucioso sobre el tema y trabajaremos de manera coordinada con la entidad involucrada con el fin de proteger el patrimonio público. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 129 de la Ley 1955 de 2019, las estrategias de defensa legal nacional e internacional son de carácter reservado.

En cifras, ¿la Agencia cuánto le ahorró al país en pleitos en el año 2023?
Se lograron resultados favorables en 92 litigios en los que se evitó que el Estado fuera condenado a pagar $22,7 billones, los cuales representan un ahorro para la Nación. La representación directa de la Agencia en el arbitraje por el Galeón San José se traduce en un importante ahorro a los recursos del Estado colombiano, toda vez que no se contrató a una firma extranjera.

¿Y cómo va el pleito que se surte por el Galeón?
La Agencia ha coordinado la defensa judicial, nacional e internacional, con las distintas entidades involucradas en cumplimiento de la normativa sobre Patrimonio Cultural Sumergido y, en tal sentido, trabajamos para demostrar que dicho patrimonio goza de protección constitucional.

En el ámbito nacional existen, principalmente, dos procesos a tener en cuenta, primero, una acción popular que pretende detener el proceso contractual de una Asociación Público Privada para el rescate del Galeón San José, la cual fue declarada desierta, e impedir cualquier posibilidad de celebrar contratos con entes privados que involucren el pago o la retribución con bienes provenientes del Galeón y que se mantengan como primera opción a las entidades gubernamentales para realizar las actividades referidas al Patrimonio Cultural Sumergido.

Y segundo, un proceso ante el Consejo de Estado que pretende la nulidad de la Resolución que reconoció al Galeón San José como Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.

El análisis realizado por la Agencia ha permitido concluir que el Estado colombiano tiene la primera opción para adelantar las actividades de exploración, intervención, aprovechamiento económico y preservación, en cabeza del Instituto Colombiano de Antropología e Historia – Icanh.

¿Cómo hará la Agencia para evitar tan billonario pago que pide Sea Search Armada?
La defensa está siendo ejercida directamente por la Agencia, con un grupo de profesionales idóneo y con experiencia en litigios internacionales.

Las objeciones de Colombia fueron presentadas en diciembre y, actualmente, el Tribunal está en proceso de análisis y deliberación de los argumentos presentados por las partes. Esperamos que la decisión del Tribunal sea emitida en el primer semestre. Si la decisión es favorable, este emitirá un laudo en el que acogerán las excepciones presentadas por la Agencia y, así, se daría por terminado el caso iniciado por Sea Search Armada.

Un plan muy ambicioso para 2024 es la Agencia en territorio, ¿en qué consiste y qué expectativas tienen con él?

El trabajo con las entidades territoriales busca fortalecer las competencias en materia de gerencia jurídica pública de los diferentes servidores que participan del Ciclo de Defensa Jurídica, en cada una de las entidades. Para lograrlo brindaremos de forma gratuita diferentes herramientas tecnológicas capacitación, asesoría y acompañamiento.

Nos encontramos en un momento clave para trabajar de la mano con los nuevos gobiernos locales, e implementaremos estrategias a corto y mediano plazo que fomenten la prevención del daño antijurídico, la garantía de los derechos de los ciudadanos, la gestión eficiente y la recuperación de los recursos públicos.

Lleva un buen tiempo en la Agencia, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción allí?

Pertenecer a la Agencia ha sido una experiencia profesional enriquecedora, en esta he podido evidenciar lo dinámico que es el Derecho y la gestión diaria de las entidades públicas. Puedo afirmar que la Agencia debe estar preparada para transformarse y asumir nuevos desafíos, entre los cuales se encuentra lograr que el conocimiento de la defensa jurídica se transfiera a todos los apoderados del país.

En este periodo, he liderado diferentes proyectos orientados a garantizar la eficacia de la gerencia jurídica pública, lo cual incluye el desarrollo de herramientas como el liquidador de sentencias, el conciliador, el lanzamiento del Modelo de Gestión por Resultados, la Caja de Herramientas para entidades territoriales y la coordinación interinstitucional con las entidades de mayor litigiosidad.