Gobierno prepara nuevo Código de Tránsito con cambios en multas y licencias

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció una reforma integral al Código Nacional de Tránsito, con la que buscaría reducir los costos que actualmente deben asumir los conductores por multas, trámites, cursos, licencias y otros servicios relacionados con sus vehículos.

La propuesta fue presentada durante un consejo de ministros realizado en Barranquilla, donde el mandatario cuestionó que una infracción pueda terminar convirtiéndose en una carga económica difícil de asumir para las familias. Según De la Espriella, entre multas, intereses, patios y grúas, una persona puede terminar pagando más de un salario mínimo e incluso perder el vehículo que utiliza para trabajar.

Uno de los principales cambios que se planteó está relacionado con el valor de las multas. El Gobierno busca que las sanciones sean más proporcionales y anunció la posibilidad de reducirlas hasta en 50%. También se estudia disminuir en 25% el costo de los cursos que permiten acceder a descuentos frente a fotomultas.

Las fotomultas también entrarían en revisión. Con la propuesta se contempla establecer controles más estrictos para la autorización de estos sistemas y parámetros para la calibración de los equipos, con el propósito de evitar sanciones ocasionadas por posibles errores en las mediciones. Además, el Gobierno revisaría los sistemas Runt y Simit para identificar posibles cobros duplicados y evaluar sus tarifas.

Otro de los puntos está relacionado con las licencias de conducción. De la Espriella planteó reducir su costo, eliminar cobros que considera innecesarios y ampliar su vigencia a entre ocho y 10 años. También propuso revisar la periodicidad y el precio de la revisión técnico-mecánica.

Los costos asociados a patios y grúas también serían revisados. El mandatario sostuvo que estos cobros pueden acumularse con las sanciones e intereses y terminar generando deudas que superen la capacidad de pago de los propietarios de vehículos. Por ello, la reforma plantea establecer costos más razonables en estos servicios.

El Gobierno también pretende modificar las condiciones para los cursos relacionados con tránsito y revisar los requisitos para el funcionamiento de los centros integrales de atención. Entre las propuestas está eliminar el requisito conocido como casa cárcel y permitir que las autoridades de tránsito puedan impartir directamente estos cursos.