Hasta $37.500 millones de multa puede enfrentar por provocar incendios

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En el último mes, la agenda de funcionarios, medios de comunicación y organizaciones ha estado marcada por los desastres naturales, primero por el terremoto que sacudió al país y, más recientemente, por los 12 incendios forestales que han afectado más de 27.000 hectáreas en el Tolima.

La preocupación aumenta luego de que las autoridades señalaran que estos incendios no se originaron por causas naturales, sino que habrían sido provocados deliberadamente.

Esta alarma por la destrucción deliberada del medio ambiente no es nueva, pero sí se ha convertido en una de las principales amenazas de la actualidad. Una muestra de ello es el concepto de ecocidio, una figura que aún no ha sido implementada plenamente, pero que busca definir y sancionar este tipo de actos criminales.

Ricardo Burgos, abogado penalista, explicó que el ecocidio ya está reconocido formalmente como delito bajo el amparo de la Ley 2111 de 2021, la cual modificó sustancialmente el Código Penal para robustecer la protección de los ecosistemas nacionales. Jurídicamente, el ecocidio está consagrado en el parágrafo 1º del artículo 333 del Código Penal colombiano como el “daño masivo y destrucción generalizada grave y sistémica de los ecosistemas”.

Burgos agregó que “quienes sean hallados penalmente responsables por el delito base de daños en los recursos naturales enfrentan una pena de prisión que va de 60 a 135 meses (es decir, entre cinco y 11,2 años de cárcel). Sin embargo, cuando la conducta se califica bajo la gravedad de un ecocidio por el impacto masivo en el ecosistema, las penas sufren incrementos significativos según los agravantes del artículo”.

La Ley también dispone que el que cometa el delito tendrá que pagar hasta 18.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes lo que significa $37.500 millones.

Por otra parte, Alexander Acosta, asociado principal del área ambiental de PPU, dijo que “desde la perspectiva del régimen sancionatorio ambiental administrativo, independiente de la suerte del proceso penal, el daño que esté asociado a un ecocidio puede derivar en el inicio de un proceso sancionatorio, cuyo resultado es la imposición de multas de hasta 100.000 Smlmv ($175.090 millones), así como la posibilidad de que se impongan medidas de corrección y compensación al responsable del ecocidio para reparar el daño”.

Por tanto, Juan Francisco Navarrete, abogado penalista y procesalista, explicó que las consecuencias penales por ecocidio no se limitan a una eventual pena de prisión, sino que también pueden incluir sanciones económicas, además de las responsabilidades administrativas ambientales, civiles y de reparación que se deriven del daño.

El abogado precisó que ecocidio no equivale a cualquier afectación ambiental, pues el concepto está reservado para conductas que generen un daño “masivo, generalizado y sistémico” sobre un ecosistema. En ese sentido, señaló que para establecer la responsabilidad penal no basta con demostrar que hubo un impacto ambiental, sino que la Fiscalía debe acreditar técnicamente la magnitud del daño, el vínculo causal con la conducta investigada y la infracción normativa que permita considerarlo penalmente relevante.

Hay otro punto importante: para que exista este delito no basta con demostrar que hubo un daño ambiental. La ley también exige que se haya incumplido una norma ambiental. Sin embargo, la Corte Constitucional estableció que esas normas deben cumplir ciertas condiciones, deben haber sido expedidas por autoridades ambientales competentes, ser claras, estar vigentes antes de que ocurrieran los hechos y ser de conocimiento público.

¿Qué es el Ecocidio?

La ley señala que el ecocidio ocurre cuando se destruye, deteriora o genera un impacto grave sobre los recursos naturales. Para que el daño sea considerado ecocidio, debe tratarse de una afectación masiva, generalizada, grave y sistémica de los ecosistemas. Esto es importante porque no cualquier daño o impacto ambiental constituye un ecocidio. Todos los proyectos, obras o actividades pueden generar algún impacto sobre el medio ambiente. Por eso, antes de realizar actividades que requieren permisos o licencias ambientales, deben identificarse esos posibles efectos y establecer medidas para prevenirlos.

Antecedentes

Desde accidentes nucleares como Chernóbil (1986) y Fukushima (2011), hasta derrames de petróleo como los de Exxon Valdez (1989) y Prestige en España (2002), los impactos han dejado daños prolongados en ecosistemas, fauna y comunidades. A esto se suman desastres químicos como Bhopal (1984) y fenómenos actuales como la deforestación de la Amazonía, que amenaza la biodiversidad y contribuye a la alteración del clima global.