La inequidad de género también llega hasta la financiación de las campañas políticas

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El tema de la equidad de género en el país no es un debate nuevo. Muchos esfuerzos, desde todos los ámbitos, se han realizado en la materia y el mismo presidente Gustavo Petro ha hecho énfasis en este, incluso, el año pasado, la Presidencia sancionó la creación del Ministerio de la Igualdad.

Sin embargo, queda mucho por avanzar. Ejemplo de ello es el caso de la financiación de campañas políticas para las pasadas elecciones del 29 de octubre. Así quedó en evidencia en un informe publicado en las últimas horas y de autoría del magistrado del Consejo Nacional Electoral César Lorduy.

En este se comprueba que las mujeres, en comparación con los hombres, cuentan con menos financiación para sus campañas. Reciben, proporcionalmente, menos recursos provenientes de sus partidos políticos y menos dinero de anticipos de financiación estatal, dinero que si bien es entregado por el Estado, es distribuido por los partidos a sus candidatos.

Las cifras son claras. De los 128.530 candidatos que participaron en los comicios, 50.254, es decir un 39,1%, fueron mujeres y 78.276 hombres, lo que correspondió a un 60,9%. En cuanto al cumplimiento en la obligación de reportar sus ingresos y gastos de campaña, se observó un nivel de cumplimiento similar: 88% en el caso de las mujeres y 89% en el caso de los hombres.

Y es que de acuerdo con el reporte realizado en Cuentas Claras, las mujeres contaron con menos recursos para hacer campaña.

Del total de $671.445 millones que ingresaron a las campañas, solo $143.874 millones, es decir un 21,4%, fue para las mujeres, a pesar de que ellas representaban casi el 40% de las candidaturas. Esto indica que, si se toman las 50.254 mujeres que entregaron su informe, cada una contó, en promedio, con $2,9 millones para hacer campaña, menos de la mitad de lo que tuvieron los hombres, que contaron, en promedio, con $6,7 millones.

“La inequidad de género es algo que sigue existiendo en muchos ámbitos. En materia electoral es aún más evidente. Basta revisar los números de candidaturas de mujeres y de mujeres elegidas en la pasada contienda electoral para entender que la paridad de género está aún muy lejos de ser una realidad”, explica Sonia Marina Castro Mora, socia de Yepes Castro estudio jurídico.

Para ella, las razones de esta situación son varias: “son una multiplicidad de factores, desde la cultura patriarcal que nos marca como país y como región, pasando por los comportamientos inactivos o desinteresados de los partidos políticos para remediar o equilibrar de alguna manera esta situación, hasta la falta de políticas y de una legislación específica que establezca con claridad la forma y los porcentajes en los las mujeres accederán a los recursos para las campañas. Las mujeres se enfrentan a diversos factores que las hacen partir de una posición desventajosa con respecto a la de los hombres en una contienda electoral”.

Es así como el hecho de haber tenido menos ingresos tuvo un impacto en que las mujeres reportaran menores gastos que los hombres. Del total de $690.554 millones que gastaron las campañas, $141.419 millones, un 20,5%, fue gastado por mujeres candidatas.

Hay que entender que respecto de una financiación equitativa para las campañas de las mujeres no existe una norma que así lo obligue. Si bien en la Ley Estatutaria 1475 de 2011 se encuentran algunas reglas sobre la distribución de los recursos del Estado para la financiación de los partidos políticos, nada se establece sobre la necesidad de que internamente las colectividades distribuyan los recursos para financiar campañas electorales de mujeres en un mínimo porcentaje o de manera equitativa. “Esto es un problema, pues los partidos terminan siempre financiando en mayor medida a las candidaturas fuertes que les asegurará su victoria, representada casi siempre por hombres”, agrega Castro Mora.

Mientras que para Faruk Chicre Manjarrés, socio de la firma Solucionis Legal, “en materia electoral las normas sobre financiación de campaña no tienen orientación de género, no obstante, en la práctica sí se presentan disparidades en lo que a ello corresponde. La disparidad no radica en la legislación existente, ya que desde los postulados constitucionales hasta los legales nuestro ordenamiento jurídico propende por garantizar una equidad de género.

Por eso, tampoco se puede hablar de una infracción al régimen de financiación de campañas. En mi concepto, este es un fenómeno que excede a la legislación y radica en una cuestión histórica y cultural en nuestra población que debe ir cediendo”.

Más del informe

En relación, por ejemplo, con las alcaldías se evidencia una distribución similar (la brecha de género) en cuanto los tipos de ingreso. Incluso, queda en evidencia que ellas reciben menos dinero de anticipos de financiación estatal. De los $2.163 millones que se distribuyeron de anticipos para alcaldías, apenas 4, 7% fue para ellas, a pesar de que 16% de las candidaturas a alcaldías fue de mujeres.

Entre tanto, en gobernaciones Lorduy explica que: “en el panorama de ingresos obtenidos para financiar las campañas a gobernaciones, se aprecia una distribución similar en cuanto los tipos de ingreso. En ambos casos la principal fuente fueron los aportes privados. Sin embargo, las mujeres tuvieron que recurrir más a recursos propios que sus pares masculinos y a su vez tuvieron menor acceso al crédito en diferentes entidades financieras”.

Antecedentes

El régimen de campañas actual, previsto en la Ley 1475 de 2011, contempla aspectos como los límites a los gastos. Aunque se contempla que en los estatutos cada partido o movimiento político definirá la postulación, selección e inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular bajo el deber de garantizar la equidad de género, no se predica dicho deber en cuanto a la financiación de campañas, explica la experta Castro Mora.