Las revelaciones de todo el entramado de la corrupción en el escándalo de la Ungrd

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Después de varios meses de especulaciones sobre lo que sucedió con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), entre ellos la compra de 40 carrotanques para La Guajira, la Fiscalía imputó al exdirector de esa entidad Olmedo López; el exsubdirector, Sneyder Pinilla; y el contratista Luis Eduardo López Rosero como responsables, según el ente investigador, de cinco delitos: concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Ninguno de los tres aceptó los cargos.

“Me encuentro en el marco de un principio de oportunidad con la Fiscalía y en orden de ese acuerdo que se está adelantando no me allano a los cargos”, expresó López.

La investigación de la Fiscalía confirmó que tanto ministros, exministros, funcionarios del Gobierno y particulares, habrían tenido algo que ver con este escándalo de corrupción. Concretamente, lo que encontró el ente investigador es que Olmedo López y Sneyder Pinilla, entre otros funcionarios tanto de la Ungrd como de otras entidades, además de contratistas, se aprovecharon de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno Nacional para crear una empresa criminal dedicada a direccionar contratos a cambio de coimas.

La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como ‘el Pastuso’, quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas cinco: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo SAS.

De acuerdo con lo señalado por el ente investigador en la audiencia desarrollada ayer, en la que se explicó todo el entramado de corrupción de este escándalo, cada persona cumplió un rol específico en la organización. Olmedo López tenía pleno conocimiento de todos los contratos que se estaban manejando en la entidad.

Por eso, para la Fiscalía, dirigió con Sneyder Pinilla la operación para que estos fueran entregados a las personas que ellos escogían a cambio de coimas.

En ese contexto, López habría coordinado la entrega de $3.000 millones en efectivo al entonces presidente del senado, Iván Leonidas Name, a través de Sandra Liliana Ortiz, y la entrega de $1.000 millones al presidente de la Cámara, Andrés David Calle, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González, director del Dapre.

También saltó un nombre que se venía hablando desde hace días: Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y una de sus asesoras. “El direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorro, Córdoba; Saravena, Arauca, y Carmen de Bolívar. En los cuales estaban integrados indebidamente los senadores y representes de la comisión tercera de hacienda y crédito público del Congreso, Julio Elías Chagui, Wadith Alberto Manzur, Karen Manrique, Linana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo”.

En ese contexto, la fiscal delegada explicó que encontró irregularidades en 21 contratos relacionados con la adquisición de carrotanques, su alquiler y compra, y la suscripción de contratos financiados con recursos trasladados de la Agencia Nacional de Tierras.

También trascendió ayer que, en relación a la adquisición de carrotanques y otros elementos, los involucrados se aliaron para entregarle los contratos de proveeduría, mediante invitación, a las empresas de Luis Eduardo López Rosero a cambio de un 13% de coimas.

Todo estaba coordinado, según el ente investigador desde antes, porque los invitaban a cotizar, la cual incluía el monto de la coima que debían pagar y se los entregaban el mismo día, o en los días siguientes. Todos ellos por un valor de $108.000 millones.

En ese contexto, la Fiscalía explicó que Olmedo López acordó con Sneyder Pinilla disponer de $100.000 millones de la entidad para esos contratos y entregarlos a sus aliados, con lo que se obtendría dinero”, para cumplir con el compromiso de entregarlo a los congresistas Name y Calle y para su propio beneficio”.

Los implicados en todo este entramado de corrupción podrían recibir una pena de más de 21 años de prisión. La otra fase ahora será la audiencia de medida de aseguramiento contra, por ahora, López, Pinilla y Luis Eduardo López.

Antecedentes

Aún sin haber terminado la audiencia, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, respondió al señalamiento que la Fiscalía le hizo en relación al caso. Aseguró en un comunicado que: “con mi equipo jurídico, sigo con respeto y atención el trabajo de la Fiscalía para que el país conozca la verdad y los verdaderos responsables del saqueo a recursos públicos. Espero con tranquilidad mi día y mi oportunidad ante la justicia porque mis actos se defienden solos”.