Multas por el uso indebido de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE)

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Los problemas ambientales han cobrado fuerza en los últimos años. La medidas para reducir los plásticos, las emisiones de CO2 y la deforestación se han vuelto más estrictas. Por ello, hay leyes y reglas que, aunque muy pocas personas conocen, son indispensables para llevar a buen término la transición hacia la economía circular y el uso de los desechos.

Un ejemplo son los esfuerzos para la reducción de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos conocidos como Raee. Dicha formulación se encuentra en línea con la necesidad mundial de reducir los residuos generados por productos de consumo masivo y mitigar los impactos ambientales que los mismos pueden producir sobre la salud humana y el medio ambiente.

Desde 2013, la problemática de estos residuos llegó al Congreso, pues se presumía el gran impacto que estos residuos iban a tener en el país. Por lo cual, expidió la Ley 1672 de 2013 que estableció los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de Raee, generados en el territorio nacional.

“Dicha ley aplica en todo el territorio nacional a las personas naturales o jurídicas que importen, produzcan, comercialicen o consuman aparatos eléctricos y electrónicos y gestionen sus respectivos residuos”, dijo Margarita Solorza, Senior Counsel de Holland & Knight.

De hecho, desde este primer documento, se estipuló que la multa por incumplimiento a la norma ambiental puede llegar hasta 5.000 Smmlv ($5.800 millones), según lo que plantea el Código Sancionatorio Ambiental y la multa depende de la gravedad del daño.

Posteriormente, en 2017, el Gobierno expidió la Política Nacional para la Gestión Integral de Raee, la cual definió la hoja de ruta hasta 2032 para que tanto el Estado colombiano, las entidades de orden nacional, departamental y municipal y los diversos sectores productivos y empresariales del país, involucrados en la gestión de Raee, pudieran hacer frente a la problemática global que los mismos representaban por su manejo inadecuado.

Solorza explicó que el objeto principal de dicha política fue cambiar el paradigma de comprar, usar y desechar Raee de uso cotidiano; además de concientizar de sus impactos negativos en la salud humana y el ambiente; y reevaluar el concepto de “residuo” con el fin de extender el ciclo de vida de los productos.

Más adelante, en 2018, el Gobierno volvió a expedir un decreto que tenía como objeto reglamentar integralmente los Raee, con el objetivo de prevenir y minimizar los impactos adversos al ambiente. Este decreto radicado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció los lineamientos que debían cumplir los sistemas de recolección y gestión de Raee a cargo de productores y los indicadores de gestión por resultados para su evaluación y monitoreo.

En adición, el Decreto 284 de 2018 estableció las responsabilidades del productor y comercializador.

Para 2022 y con esta trayectoria, el Ministerio de Ambiente tramitó un nuevo documento: la Resolución 0851 de 2022. Esta vez el objetivo no se quedó solamente en clasificar y concientizar, sino que pretendía minimizar el uso de estos aparatos y obligar a las empresas generadoras de aparatos eléctricos y electrónicos (AAE) a que “establecieran, administraran y financiaran directamente o a través de terceros, un sistema de recolección y gestión de los residuos de los productos puestos por él en el mercado”, explicó Andrea Bocanegra, asociada en Cuatrecasas.

Agregó que dichos sistemas deben tener como mínimo: un punto fijo de recolección, un centros de acopio, unas jornadas y campañas de recolección y otros mecanismos, como la recolección puerta a puerta.

El problema
En el sexto reporte de Economía Circular del Dane, se reveló que de 8,4 millones de hogares que dijeron separar residuos, solo 23,9% parece conocer la importancia de clasificar elementos con gestión diferenciada como las baterías.

La mayoría de los hogares en Colombia clasifica el papel, el plástico, los desperdicios de comida, los vidrios y los envases metálicos. Sin embargo, aún quedan por fuera una gama de al menos 600 artículos entre los que se incluyen: pilas y baterías primarias que deben también ser clasificados y dispuestos de manera organizada.

Lina Correa, directora de Derecho Ambiental en Gómez Pinzón, dijo que en la transición a una economía circular se ha prestado mucha atención a la producción y transformación, pero también es necesario reforzar el papel que el consumidor desempeña en la adopción de prácticas hacía la economía circular.

“Las empresas han estado enfrentando y superando retos de cara a los objetivos de la circularidad y existe un listado con más de 300 productos que, a partir del próximo año, deberán hacer planes de gestión ambiental para garantizar la devolución por parte del consumidor final en puntos establecidos, sin embargo, es preocupante la falta de conciencia y el desconocimiento que tienen los consumidores sobre el manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos”, dijo Correa.

Viviana Espinosa, ingeniera ambiental e ingeniera de proyectos de Beeok, reafirmó está premisa y aseguró que la transición hacia una economía circular requiere un enfoque integral y colaborativo que involucre a múltiples factores, entre ellos está el Gobierno, las industrias, los consumidores y a la sociedad.

Para una transición hacia una economía circular correcta deben construir políticas y regulaciones desde el Gobierno que puede incluir incentivos para la reutilización, reparación y reciclaje de productos, así como la implementación de normas de diseño sostenible, etiquetado ambiental y responsabilidad extendida del productor, explicó Viviana Espinosa, ingeniera ambiental e ingeniera de proyectos de Beeok Colombia.