Judicial

"Parecería que al alcalde Daniel Quintero le molestan las leyes y el debido proceso"

Pierre Ancines/LR

Fabio Humar, apoderado de los constructores de Hidroituango, habló sobre las denuncias contra el mandatario de Medellín

08 de noviembre de 2021

Laura Vita Mesa

lvita@larepublica.com.co
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Las controversias entre la Alcaldía de Medellín, EPM y los contratistas de Hidroituango han trascendido del plano de la opinión pública, donde las partes involucradas han cruzado acusaciones serias. Fabio Humar, socio de Fabio Humar Abogados y apoderado de Conconcreto y el Consorcio Constructor CCC Ituango, se refirió a las declaraciones del alcalde Daniel Quintero, en las que dijo haber encontrado 12 actos delictuosos, y explicó las acciones penales que han emprendido contra el mandatario y lo que viene.

¿Qué denuncias penales han presentado contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero?

Hemos encontrado 12 hechos delictuosos que vamos a denunciar, cometidos por el alcalde Daniel Quintero y sus asesores, entre ellas María Camila Villamizar. Estamos pidiendo las pruebas; nosotros no tenemos ninguna malquerencia por el alcalde, pero si sale a decir en todos los medios que somos unos corruptos, tiene que entregarle las pruebas a la Fiscalía.

Los funcionarios tienen la obligación de presentar las denuncias penales, y si no las presentan incurren en una omisión sancionable. Si dice que tiene pruebas de corrupción en la obra, y habla del informe de JAHV McGregor donde dice que están las pruebas de irregularidades, ha debido montar en la Fiscalía una denuncia por corrupción con base en el informe.

¿Cuáles son los 12 hechos delictivos de los que habla?

Injuria, calumnia, pánico económico, administración desleal, persecución sindical, entre otros, y todos los vamos a denunciar, hasta que el alcalde entregue las pruebas de corrupción y las denuncias que no ha presentado pero ha debido.

¿Cuántas denuncias hay efectivamente radicadas?

Hemos presentado efectivamente dos, por injuria y calumnia y pánico económico. La idea es presentar una cada semana, para que de aquí a final de año queden radicadas las 12 de los hechos delictuosos que hemos encontrado.

Además de conocer las pruebas ¿Cuál es la aspiración de ustedes con esta lluvia de denuncias?

Nosotros, por gobierno corporativo, estamos obligados a ejercer todas las acciones para mantener el patrimonio moral y económico de la compañía y el consorcio. No hay cómo explicarle a los inversionistas y fondos de pensiones que el alcalde dice lo que dice, afecta el patrimonio moral de la empresa, con lo cual el económico, y guardar silencio. El administrador que tolere eso está administrando mal la empresa; no es que queramos poner las denuncias, es que nosotros sí cumplimos la ley y estamos obligados a presentarlas. Guardar silencio sería no solo cohonestar con sus afirmaciones, sino mal administrar la compañía.

El Alcalde ha dicho que la víctima no son las empresas contratistas, sino EPM ¿Es así?

EPM ha recibido a conformidad todos los hitos que se han planteado, y la auditoría también. Además hay que recordar que acá el contratista es EPM y el consorcio es el subcontratista, tanto así que EPM es el que tiene la facultad de renovar o no el contrato.

A propósito de los procesos de reorganización de Conconcreto y Coninsa, el Alcalde dio a entender que podía ser una maniobra para evadir las responsabilidades fiscales con la Contraloría, en caso de que se confirme el fallo ¿Qué opina?

Parece que al alcalde le molestan las leyes y el debido proceso, y le molesta que haya leyes y uno las use. La ley de reestructuración dice que si usted tiene en el radar una provisión que hacer, debe tomar las medidas necesarias ¿cuáles son? Entrar en reestructuración. Acá no estamos usando las leyes de manera truculenta, entonces es terrible que el alcalde lo diga. Nuevamente, si tiene pruebas de que estamos usando la ley de manera indebida y en fraude, que las presente.


¿Qué consecuencias podría tener el alcalde con estas denuncias?

LOS CONTRASTES

  • Daniel QuinteroAlcalde de Medellín

    “Contratistas creen que con plata, demandas, estrategias dilatorias y financiando revocatorias van a acobardarnos. Demonios más grandes hemos enfrentado”.

Hemos presentado las denuncias penales que mencioné, y lo que debería pasar es que sea llamado a una imputación de cargos penales, porque el daño que le hizo a Conconcreto fue muy significativo. Salir a decir que habíamos entregado la obra con materiales de inferior calidad fue una irresponsabilidad enorme, es una afirmación muy gruesa que hay que sustentar. Es que entregar una obra de menor calidad podría significar que se rompan las presas y el río se coma todo.

Mencionó el deber de denunciar ¿Desde el punto de vista disciplinario, podríamos estar hablando de una inhabilidad?

Claro. El artículo 67 de la Ley 906 de 2004 establece el deber de denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio. El informe de JAHV McGregor lo tiene el alcalde, al menos, hace un año; si tenía las pruebas ha debido presentarlas, pero sabe que asumiendo una denuncia penal asume responsabilidades, en cambio en Twitter y ruedas de prensa no, entonces lo que hemos dicho incansablemente es que, si tiene pruebas, firme la denuncia diciendo que hay hechos de corrupción.

¿En qué va la renovación de contratos, considerando la advertencia de la Superservicios de que el margen de imprevistos es de solo dos meses?

Aquí hay una consecuencia macroeconómica que la gente no ha previsto. Cuando se diseñó la matriz energética se estableció que Hidroituango iba a entregar en firme 17% de la energía. Si no entra a operar, Colombia va a tener estrés energético, con lo que hay que acudir a otras fuentes de energía más costosas, como las termoeléctricas, lo que hace que la energía suba, y si a la gente y las empresas les aumenta el costo de energía, puede haber presiones inflacionarias.

Hacer el due dilligence, es decir, recibir la obra para decir cómo y si la continúo, puede tomar hasta un año, no sé qué empresa seria va a recibir Hidroituango en dos meses. Si los contratistas actuales no terminan la obra, puede tardar tres años en entrar a operar.

Es decir ¿Quieren seguir?

El interés del consorcio es cumplirle al país, que nos dejen trabajar. Solo armar la licitación de una obra de este calibre puede tomar un año, entre pliegos, comentarios y el proceso, entonces acá lo que toca, por la tranquilidad de todos, es dejar que se terminen las obras.

Los contratos están firmados hasta diciembre de este año ¿Qué pasa el 1 de enero si no renuevan, o si se renuevan por pocos meses?

La obra se paralizará. Además no se puede hacer empalme si no dicen con quién, y no es posible que alguien gane sin licitación. Pero otro problema, si dicen que no sigan, es qué hacer mientras dicen a quien le entregan, porque hay pedazos que exigen mantenimiento diario, no se puede descansar. El escenario que plantea es imposible porque hoy no se ha abierto la licitación, como dije, esto no es cierto que esto sea un problema que se resuelva en un par de meses. Además, nos genera disonancias que todo ese tiempo es el mismo tiempo que tomaría terminar la obra.

¿Y si el fallo de la Contraloría queda en firme?

Tocará tomar unas decisiones y ver en qué términos sale el fallo. Estamos haciendo todo lo posible para que el fallo reconozca que no hubo responsabilidad. La Contraloría igual puede suspender el fallo, lo que ellos buscan es que se pague, y los seguros se han comprometido a eso.