Hacer una rifa dentro del trabajo puede ser causal de despido y llevar multas millonarias
Estos sorteos están sujetos a las normas que regulan los juegos de suerte y azar en Colombia, por lo que realizarlos sin autorización puede acarrear multas superiores a $175 millones
18 de noviembre de 2026Contenido
A menos de 15 días de que comience diciembre, el comercio se prepara para una de las temporadas de mayor movimiento por las compras navideñas, una época en la que también se vuelven frecuentes las rifas organizadas a través de redes sociales e incluso en los lugares de trabajo. Sin embargo, estos sorteos están sujetos a las normas que regulan los juegos de suerte y azar en Colombia, por lo que realizarlos sin autorización puede acarrear multas superiores a $175 millones, sanciones laborales e incluso penas de prisión.
Daniel Acevedo, fundador y CEO de Bredia - Legaltech & Taxtech, explicó que vender boletas o números y sortear premios exige cumplir el régimen de autorización correspondiente. “Utilizar Instagram, Facebook o WhatsApp para comercializarlas no elimina esa obligación. La Ley 643 de 2001 regula las rifas y prohíbe operar juegos sin autorización o desconociendo sus condiciones”, recalcó.
Como hacen parte de las regulaciones del Estado, las rifas deben tener una autorización de las autoridades competentes; en este caso, sería por parte de Coljuegos.
Thomas Cuéllar, abogado del Centro Jurídico Internacional, explicó que, comúnmente, “el desarrollo de estos eventos sin la debida autorización genera sanciones y multas de hasta 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de las circunstancias de atenuación o agravación que evidencie la autoridad administrativa”.
Cuéllar agregó que, al ser comercializadas por redes sociales, para las personas involucradas, podrían generarse bloqueos o suspensiones en los perfiles de las cuentas utilizadas para generar este tipo de eventos.
No solo sería el bloqueo de las cuentas de las redes sociales; en algunos casos, tal y como explicó Acevedo, se presentaría la inhabilidad para operar juegos de suerte y azar durante cinco años, asociada a la multa, la suspensión de la actividad y, cuando corresponda, cierre de establecimientos y decomiso de elementos de juego. “Estas medidas no eliminan los derechos de explotación que se adeuden. Ley 1393 de 2010”, recalcó.
Esta situación podría escalar a una responsabilidad penal según el CEO, debido a que el artículo 312 del Código Penal, sobre ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, contempla prisión de seis a ocho años y multa de 500 a 1.000 Smlmv (entre $875,45 millones y $1.750,91 millones). En este caso, su aplicación exige establecer los elementos del delito y la responsabilidad de la persona investigada.
Un ejemplo de esto fue el 12 de noviembre de 2026, en la que Coljuegos informó sobre una sanción de $116 millones y cinco años de inhabilidad por una rifa comercializada en Instagram sin autorización.
Las rifas sin autorización, ya sean organizadas por redes sociales o en establecimientos comerciales, pueden acarrear multas millonarias e incluso penas de prisión, además de consecuencias laborales.
Andrés Charria, abogado de la Universidad Javeriana, explicó que hacer una rifa dentro de un espacio de trabajo representa una justa causa para dar por terminado el contrato laboral, ya que el artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo las prohíbe y configuran una violación grave de obligaciones.
Sin embargo, toda rifa ilegal no necesariamente es una estafa, ya que, según Charria, este año en el Mundial muchas oficinas o grupos de amigos hicieron las famosas “pollas”, donde se movieron unas sumas considerables de dinero, que no son legales en estricto sentido, pero que la gran mayoría pagó y “todo terminó bien”.
¿Qué puede hacer el usuario?
Según el Código Penal, obtener beneficios mediante mecanismos fraudulentos para manipular resultados de rifas o juegos de azar puede constituir un delito. Charria señaló que estos casos deben ser investigados por la Fiscalía General de la Nación.
Frente a esto, Acevedo explicó que las víctimas tienen derecho a acceder a la justicia, ser escuchadas, aportar pruebas, recibir información y reclamar la reparación de los daños a quienes deban responder. El Código de Procedimiento Penal también permite solicitar medidas cautelares sobre bienes, bajo los requisitos legales, para proteger una eventual indemnización.
“Después de una condena en firme puede promoverse el incidente de reparación integral. La solicitud de ese procedimiento tiene un plazo de 30 días desde que queda firme la sentencia condenatoria”, concluyó.
Antecedentes
En caso de que una persona haga una rifa y que termine siendo una estafa, Daniel Acevedo, fundador y CEO de Bredia - Legaltech & Taxtech, explicó que puede responder penalmente por estafa, si utiliza el engaño para obtener un beneficio económico a costa de los participantes.
El artículo 246 del Código Penal contempla expresamente el fraude en loterías, rifas y juegos, que incluye obtener un provecho mediante mecanismos fraudulentos para asegurar un resultado específico.