Thomas Greg & Sons citó a una conciliación a la Cancillería y pidió $117.000 millones

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La pelea jurídica por el contrato de pasaportes no termina. Aunque parecía que todo se iba a calmar después de que el Gobierno declarara la ‘Urgencia Manifiesta’ para asegurar la producción de documentos un año más, ayer se conoció que la intención de demanda de Thomas Greg & Sons podría hacerse efectiva.

Thomas Greg ya dio el primer paso hacia este hecho, pues citó al Ministerio de Relaciones Exteriores a conciliar. La única empresa proponente pedirá al menos $117.000 millones para compensar por los daños causados desglosados así: $107.000 millones por la utilidad dejada de percibir por la UT Pasaportes 2023 por motivo de la declaratoria desierta de la Licitación Pública No. LP-001-2023, y $10.000 millones más por el daño reputacional sufrido por los integrantes de la UT Pasaportes 2023.

Thomas propone, además, que le adjudiquen el contrato de pasaportes, es decir, que la Cancillería aclare que la licitación no es desierta y la UT Pasaportes pueda seguir con el contrato por cuatro años más. De esta manera (por eso la conciliación), la cartera no tendría que pagar la compensación y el proponente no iniciaría acciones legales. Por el momento, hay que esperar una respuesta por parte de la Cancillería ante al llamado de la empresa.

Esta suma la pediría la empresa porque la Cancillería antes de la ‘Urgencia Manifiesta’ declaró desierta la licitación, una afirmación imprecisa, pues Thomas Greg fue el único proponente. Esta es la premisa con la cual la compañía da inicio al litigio, exigiendo una conciliación extrajudicial, el paso previo a una demanda.

“Este es un mecanismo de solución de los conflictos entre los particulares y el Estado o entre entidades estatales. Se puede realizar por fuera del proceso judicial o también como un requisito de procedibilidad antes de presentar una demanda, ya sea la de nulidad y restablecimiento de reparación directa, o sobre controversias contractuales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, explicó Fabián Delgadillo, experto en contratación estatal.

De darse la demanda, la unión temporal conformada por Thomas Greg & Sons reclamará entre $80.000 y $100.000 millones. Juan Pablo Estrada, representante de Thomas Greg & Sons, expresó el descontento de la compañía al no haberse adjudicado el contrato. Alegó que a pesar de haber alcanzado la máxima puntuación posible en las pruebas para la adjudicación del contrato, la Cancillería no los escogió por una presunta falta de escogencia objetiva.

“Thomas Greg & Sons podría iniciar procesos de orden administrativo, disciplinario y, en dado caso, hasta penales porque precisamente la licitación fue declarada desierta”, explicó Fabián Delgadillo.

¿Qué pasa si no concilian?

En caso de que no concilien la suma o las pretensiones que está pidiendo Thomas Greg, el único proponente podría iniciar la demanda.

“Si la parte convocada, en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores, no asiste a través de apoderado a la audiencia de conciliación, su no comparecencia injustificada podrá ser considerada como indicio grave en contra en el eventual proceso si la audiencia constituía requisito de procedibilidad”, explicó Rodrigo Riveros, Gerente Riveros Victoria Abogados.

En cambio, si no asiste la Cancillería, la compañía de los pasaportes quedará habilitada para presentar la demanda. “En este caso lo haría conforme al artículo 138 de Nulidad y restablecimiento del derecho que está prevista en el denominado Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso”, dijo Juan Francisco Navarrete, abogado penalista y procesalista.

Si hay una conciliación, explicó Navarrete, “quien está demandando puede pedir que la administración revoque su propio acto, en este caso sería una revocatoria directa”.

Las tres causales de revocación son: “cuando sea manifiesta suposición a la Constitución Política, cuando no estén conformes con el interés pública social o atenten contra él o cuando de este acto se derive un agravio injustificado”, agregó.

Un año más con Thomas

La licitación que iba a elegir a la nueva compañía para la producción de estos documentos fue declarada desierta por el canciller Álvaro Leyva. Seguida de esta decisión, el funcionario declaró un estado de ‘Urgencia Manifiesta’ para garantizar la prestación del servicio.

“Me permito informar a la ciudadanía que la entrega de pasaportes continuará normalmente. Para los efectos se recurrió a la figura de urgencia manifiesta”, dijo un comunicado oficial desde la Cartera.

Para asegurar la producción de los pasaportes, el Ministerio de Relaciones Exteriores extendió por un año el contrato a la actual empresa, Thomas Greg & Sons, contrato que se firmó el 2 de octubre.

El Ministerio seguirá emitiendo los documentos con normalidad y pidieron a los usuarios que si no tienen la necesidad de expedirlo, no solicite citas para, obviamente, no colapsar el sistema. “Se entiende que el pasaporte garantiza derechos y libertades que no se pueden suspender ni aún en los estados de excepción (Art. 214, CN)”, añadieron.

“El proceso continuará idéntico y se podrán continuar obteniendo los pasaportes de la misma manera a como venía haciéndose en el marco del contrato que recién termina”, ratificó Jorge Enrique Santos, abogado experto en contratación pública y profesor de la Universidad Externado.

¿Qué es la Urgencia Manifiesta?

Esta es una figura poco recurrente en las decisiones del Estado. Sin embargo, fue la salida del Gobierno para asegurar la producción de los pasaportes, pues le da la potestad de contratar a una empresa de manera directa y sin tener una nueva licitación o nuevos pliegos. “Recurrieron a la figura de la Urgencia Manifiesta para poder contratar nuevamente y de forma directa a la empresa Thomas Greg & Sons”, aseguró Fabián Delgadillo.