El proceso de paz en el informe de Naciones Unidas
08 de mayo de 2014Contenido
En abril de 2013, Colombia participó en el segundo ciclo del examen periódico universal, en él, se felicitó a Colombia por su avance hacia el fin del conflicto armado y sus progresos en la aplicación de la Ley de víctimas y restitución de tierras, 1448 de 2011, así como por su voluntad permanente de trabajar con la Oficina del Alto Comisionado.
Por su parte, en julio de 2013, el Gobierno de Colombia y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos renovaron el acuerdo de 1996 por el que se estableció la Oficina en Colombia del Alto Comisionado (Acnudh-Colombia) hasta el 31 de octubre de 2014.
Posteriormente en julio de 2013, la Alta Comisionada visitó Colombia, reconociendo los progresos alcanzados en la promoción de los derechos humanos y alentó a continuar la colaboración que estaba teniendo lugar entre el Estado y la sociedad civil.
El Informe resalta, que en noviembre de 2013 se cumplió el primer aniversario de las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc, habiendo concertado acuerdos sobre dos de los seis temas del programa, desarrollo rural y participación política.
Tras más de 50 años de conflicto, en ocasiones el logro de la paz parece más difícil que la continuación de las hostilidades, las instituciones y las actitudes reflejan el paso de varias generaciones de conflicto armado, perdurando una profunda desconfianza, que tal vez sea el mayor obstáculo a la paz.
Las actividades llevadas a cabo por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, se derivan de los tres pilares interrelacionados de las Naciones Unidas, a saber, la paz, los derechos humanos y el desarrollo.
Se resalta que en 2013, la Corte Constitucional confirmó la constitucionalidad del Marco Legal para la Paz, Sentencia C-579, declaró que “es legítimo un marco de justicia transicional para lograr una paz estable y duradera”, definiendo el enfoque adoptado por el Estado para el período posterior al conflicto.
El Informe critica que la mayoría de las violaciones de los derechos humanos siguen en la etapa preliminar de investigación, pues la Ley 975 de 2005 conocida como Ley de justicia y paz, relativa a los paramilitares desmovilizados, si bien parece haber favorecido el conocimiento de la verdad, no se ha convertido en un instrumento importante de la justicia penal. De hecho, lo más probable es que casi todos los acusados sean puestos en libertad al cabo de ocho años sin haber sido enjuiciados.
Subraya el Informe, que la experiencia internacional ha demostrado la importancia de proporcionar medios de subsistencia alternativos, diferenciados y duraderos a las personas desmovilizadas y satisfacer al mismo tiempo los derechos de las víctimas.
Resalta que Colombia acogió con satisfacción el informe del Centro de Memoria Histórica titulado ¡Basta ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad, por cuanto contribuía considerablemente a aclarar las causas profundas del conflicto armado y a reconstruir la verdad.
La Alta Comisionada celebró la decisión adoptada por la Corte Constitucional en 2013 de encargar a la Unidad de Víctimas el registro de todas las víctimas del desplazamiento forzado, con independencia de los responsables.
Igualmente, se reconoció los considerables esfuerzos realizados hasta la fecha por la Unidad de Restitución de Tierras y los jueces y magistrados especializados, ya que, entre diciembre de 2011 y octubre de 2013, se dictaron 277 sentencias.
Resalta el Informe, que el propósito del derecho penal en la Colombia posterior al conflicto debe estar claramente articulado y ser examinado desde la perspectiva de los derechos humanos, debiendo el Estado encontrar el equilibrio adecuado entre la prevención, el castigo y la rehabilitación, la restauración y la reparación.
En conclusión, si los ciudadanos colombianos no teníamos un referente objetivo para determinar si el actual proceso de paz es el indicado, este informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, nos confirma que el esfuerzo del Gobierno es loable, tanto que lo felicitan.